¡Viva la Pepa!

Hoy, 19 de marzo de 2012, se celebran 200 años de que tal día como hoy de 1812 se firmara la primera Constitución del Estado Español. Como han recordado desde los medios de comunicación, en La Pepa se promulgaron artículos que serían revolucionarios para la época, como la libertad de expresión, la separación de poderes o la soberanía emanada de la nación. Pero también había cobijo en ella para otros artículos no tan vistosos como aquel que establecía a la religión católica como la única religión verdadera, o el 22, que permitía la esclavitud en colonias españolas como Filipinas y Cuba.

En el acto magno que se llevó a cabo para celebrar tal efeméride bicentenaria, en Cádiz, había, sobre todo, políticos y autoridades estatales, autonómicas y locales. En el centro de la mesa que presidía el acto se sentaba el Rey y su esposa. Curiosamente don Juan Carlos es el tataratataranieto de Fernándo VII, el Rey que derogó dicha Constitución dos años después, tras la llamada guerra de independencia contra las tropas napoleónicas. También estaban en la mesa los presidentes de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) en este país, estos ya sí, con alguna relación con el voto soberano de la población, aunque tampoco demasiada.

La mayoría de los medios de comunicación de ámbito estatal han resaltado, sobre todo, dos cosas: el largo y caluroso aplauso que las autoridades brindaron al monarca tras su discurso, y la relación que estableció el presidente del gobierno entre el esfuerzo que llevaron a cabo los constituyentes de la época para promulgar La Pepa y el sacrificio que hoy le toca hacer al pueblo español con las reformas que está implementando el Gobierno. Resalto estos dos, digámosle, eventos porque conllevan un resaltable peso semiótico que nos puede brindar algunas luces para entender parte de la controversia que acompaña a la bandera española hoy, donde quiera que esta se instale.

En primer lugar, resulta de un desatino populista y una horterada vincular las condiciones que llevaron a las cortes de Cádiz a redactar y firmar la Constitución y el yugo que pretende instalar el actual Gobierno sobre las prestaciones sociales públicas. Este símil es de aquellos que rápidamente se pueden identificar con las exageraciones, la retórica barata o los chistes, si me apuran. Dejando a un lado el brinco histórico y los anacronismos, afirmar que es el mismo esfuerzo (o parecido) el que el pueblo español realizó al desafiar la invasión francesa y la hegemonía monárquica estableciendo, por su cuenta, su sistema de derechos y deberes, y los esfuerzos que se han de hacer ahora para evitar enfermar ante un sistema sanitario en decadencia, complementar la educación ante un sistema público deficitario, o cubrir con el soporte familiar la ausencia de ingresos por la falta de empleo y prestaciones, se convierte en un ejercicio perverso de persuasión, típico, en las últimas décadas, de nuestra clase política. Es natural sentirse no representado, cuando el contenido discrusivo de los representantes es desmentido constantemente por las evidencias más cotidianas, y aún más teniendo en cuenta la desigualdad identificable en el acceso a los recursos y al trato judicial hacia los poderosos y la gente de a pie.

Justamente un asunto judicial es el que envuelve al otro evento significativo que he resaltado. No hay duda para cualquiera de que el impulso al más de minuto y medio que las autoridades brindaron en aplausos al Rey, tras su discurso, reside en la causa abierta en la que su yerno, Iñaki Urdangarín, se encuentra imputado. Por supuesto, significa un espaldarazo de los políticos y otras autoridades a la figura del monarca y a su familia como imagen de la Jefatura del Estado, ante las perversiones que se han ido oyendo últimamente. No sé si estos aplausos son expresión de la soberanía popular, como promulga nuestra actual Constitución, tal vez sí. Aún así, no sé si un descuido, en el mejor de los casos, es digno de ser aplaudido. Pero lo que sí sé es que no en pocas otras ocasiones los súbditos han explotado en sus aplausos más calurosos a los monarcas y líderes cuando se encuentran debilitados. Parece un "señor, no sé si ellos, pero nosotros estamos con usted".

Lo curioso de toda este abanico significativo es la característica paradoxal que tiene a día de hoy la semántica de "la nación española". Desde el punto de vista de los adornos y el protocolo, que sea precisamente un rey el que presida un acto que conmemora la voluntad popular dice mucho de la fragilidad de toda la simbología que acompaña y refuerza, o debilita, la bandera amarilla y gualda que se impuso, por dos ocasiones, durante el siglo XX, una por obra de las armas y otra por consenso de las élites políticas. En nuestra era, ¿cómo es posible explicar a un niño que las decisiones se han de tomar democráticamente y que todos somos iguales ante la ley y el Estado, si necesitamos de un rey, por definición hereditario, para enarbolar nuestra voluntad como "nación"? Y ya en el plano del contenido discursivo, más conocido como palabrería, de la política que representa a nuestro país, ¿cómo explicar que nuestra nueva hazaña nacional consista en reducir todo lo que se pueda el ya insuficiente Estado de Bienestar español por imperativo de quienes no lo necesitan?